Fiscal General Consuelo Porras emite mensaje ante los bloqueos
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras emitió un mensaje a través de las redes oficiales de la institución donde se refirió a la coyuntura nacional.
Porras indicó que como “fiscal general estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados”. “Y debo garantizar el estricto cumplimiento de los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala, de las leyes del país y las convenciones en materia de Derechos Humanos, con esta obligación constitucional, no hago discriminación en la investigación y persecución penal de ninguna persona, de ningún sector o nacionalidad; independientemente de los momentos nacionales”. La funcionaria se refirió al amparo otorgado para que se ejecute lo ordenado y que las autoridades liberen las carreteras del país. Además, señaló que se presentará cualquier otra acción penal que sea necesaria.
Hizo un llamado al Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación para que garantice el Estado de Derecho, para evitar una confrontación entre los guatemaltecos señaló la fiscal general. Los guatemaltecos tienen derecho a la vida, a la salud, seguridad, a la paz, la libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio y propiedades. “Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito”, aseveró. Desde el 2 de octubre, iniciaron las manifestaciones y bloqueos en Guatemala. Uno de los puntos de protesta ha sido el edificio del Ministerio Público (MP), ubicad en Gerona en la ciudad de Guatemala. El movimiento social e indígena que se ha pronunciado como responsable de los hechos es 48 Cantones de Sololá; aunque se han sumado otras entidades. Entre le pliego de peticiones está la renuncia de varis operadores de justicia, entre ellos, el de la jefe del MP. Sin embargo, existe una ruta legal establecida para la remoción de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público; y quien es el responsable de poder hacerlo es el presidente de la República de Guatemala, luego que la funcionaria haya sido vencida en juicio y sentenciada por algún delito; tras enfrentar el debido proceso.
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