Software informático para la Unidad de Métodos Especiales de Investigación se deberá usar solo con orden de juez competente
La fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras se refirió a la “Adquisición de Licencia de Software para Investigaciones en Redes Sociales” e indicó que “es importante dejar claro que no puede utilizarse ningún método de investigación especial sino hay orden de juez competente.”
La compra anunciada en https://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=13649825&o=5 con el número de NOG 13649825, provocó una serie de reacciones, en los medios de comunicación. Sin embargo, el Ministerio Público aclaró en qué casos concretos se podría utilizar el software. Así lo señaló Porras:
“Es importante también manifestar, en cuanto a los procesos de licitación de programas informáticos para la Unidad de Métodos Especiales de investigación, se trata de 2 procesos los cuales actualmente están en desarrollo en la 2a fase de procesos de licitación; en este caso, es importante tomar en cuenta, que el único ente facultado por la ley para generar estas acciones es la Unidad de Métodos Especiales de Investigación la cual puede realizar única y exclusivamente mediante autorización previa de juez competente, respecto a diversa información que se ha manejado con relación al uso que se le puede dar, es importante dejar claro que no puede utilizarse ningún método de investigación especial sino hay orden de juez competente, por lo que su uso no aplica de manera arbitraria ni para cualquier ciudadano, sino únicamente como una herramienta previamente autorizada por el juez para investigar a personas que el juez estime que puedan estar posiblemente implicadas en la comisión de un hecho delictivo. El principal objetivo de la adquisición de estos programas informáticos es la lucha frontal contra el crimen organizado. El cual ya está haciendo uso de la tecnología para la comisión de los delitos”. Porras además señaló que la compra es un proceso que debe cumplir con todas las etapas de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, esta herramienta será utilizada por personal altamente calificado de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación.
Al ser consultado, el abogado Rolando Alvarado, experto en asuntos Cibernéticos, como ataques cibernéticos, firma electrónica, prueba electrónica, leyes en materia de informática; emitió su postura ante las declaraciones de la fiscal general del MP: “la Fiscal General aclaró que el software será utilizado en casos concretos con la aprobación de juez contralor. Dijo que solo en casos donde el MP investigue un hecho delictivo. También dijo que sería la UME la que utilizaría el programa que son especializados en el tema. A mi juicio aclaró las dudas existentes en medios o redes. Era preocupante por la denominación del evento de licitación, pero ya fue aclarado”.
Entre las características que solicitaban de la licencia, debía realizar “detecciones tempranas de eventos delictivos que se generen en las redes sociales o en toda la “red informática mundial” .
Además la solicitud indicaba que la plataforma debía ser escalable mediante los cambios anuales, mensuales, semanales o bien diarios que generen la creación de nuevos sitios en toda la “red informática mundial” como redes sociales, foros virtuales, redes oscuras, redes ocultas y otras.
Con relación al caso, de la fiscal especial, Karin Orellana contratada para investigar al fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y quién trabajó del 25 de octubre al 8 de diciembre, la fiscal general del MP señaló “Toda denuncia siempre debe ser investigada, pues nadie es superior a la ley.” La FECI cuenta con 14 denuncias interpuestas, según informaron durante la conferencia de prensa, varias de éstas hechas por la Fundación Contra el Terrorismo en Guatemala (FCTG). La investigación contra Sandoval la lidera la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, así lo indicó Porras, quien señaló además que ésta cuenta con “586 casos activos fiscalía de Asuntos Internos, 481 en investigación y 105 pendientes de resolución judicial. Existen algunas denuncias que se han realizado contra el fiscal de Sección FECI y su personal y para su defecto existen 14 denuncias. Asuntos Internos solicitó que se nombrará un fiscal especial, en virtud que existen y obran diversas acciones jurídicas que dieron origen que el fiscal de sección de Asuntos Internos hiciera la solicitud.”
Con relación al proceso de contratación de Orellana, la fiscal dijo: “el 1 de septiembre inició su funcionamiento Asesoría de análisis y verificación del MP, que tiene como función asesorar al Despacho Superior y ala dirección de RRHH en el proceso de probidad, análisis de prueba de confiabilidad y estudios socioeconómico, las cuales se realizarían en el periodo de prueba de los trabajadores. Dicha asesoría ha realizado el proceso a 75 personas y el 24% no ha superado el mismo por carecer de su probidad y es evidente que es la decisión correcta por la institución.”
Según, la fiscal general, la FECI ha sido fortalecida durante su administración, se refirió a que en 10 años, únicamente judicializaron 128 casos, en promedio 10 por año. Mientras desde su administración en el 2018 se alcanzaron 30 casos por año.
Concluyendo, aclaró que el hecho de investigar a un fiscal no significa debilitar una fiscalía.
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