La iniciativa 6688 Ley de Contrataciones Públicas crea el Tribunal Administrativo
Recientemente, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), presentó la iniciativa de ley 6688 Ley de Contrataciones Públicas, con la cual plantea un nuevo mecanismo de compras y contrataciones del Estado tanto a nivel nacional como internacional.
La iniciativa crea un sistema nacional según se informó a medios de comunicación.
Se plantea una nueva metodología de contrataciones que estaría regulada a través de los reglamentos y los métodos se modificarán cada cuatro años, para colocar precios del mercado, con información del BANGUAT, SAT e INE.
Dentro de los aspectos a considerar están también, las contrataciones de Estado a Estado, contrataciones en el extranjero de bienes y suministros como suscripciones, licencias y membresías digitales.
Además, se amplían los casos de excepción que están dispuestos en la Ley del Orden Público.
No solo quedaría el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino también, el Banco de Guatemala (BANGUAT), sector salud con Organismos Internacionales. Servicios básicos, técnicos y profesionales.
Entre los mecanismos de transparencia que propone están:
• Sistema de alertas o banderas
• Gestión de conflictos de interés
• Régimen de sanciones e inhabilitaciones
• Proveedores transparentes, que permitirá suspender o cancelar. Su información será pública.
• Seguimiento a Guatecompras
Alerta:
• Se crea el Tribunal Administrativo, que según el MINFIN sería un ente independiente con fondos públicos. Pero no formaría parte del Organismo Judicial. Es un poco escueta la información de su creación.
Según el MINFIN tuvo el apoyo para elaborar esta iniciativa de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RIGC) de la (OEA).
Programa de Desarrollo del Derecho Comercial del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Agencias o direcciones de contratación pública de 6 países de América Latina.
Especialistas de la OCDE, Open Contracting Partnership y RIGC.
La iniciativa de ley 6688 actualmente, está en comisión de trabajo en el Congreso de la República, donde recibirá dictamen que puede ser favorable o desfavorable. Sin embargo, será el Pleno el que deberá decidir si pese al dictamen continúa su curso y logra los votos necesarios para ser aprobada o no.
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