Guatemala fortalece acciones contra la cacería y el tráfico ilegal de fauna silvestre
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) lanzó la campaña ¡Déjame vivir, no me mates!, con el fin de informar y sensibilizar sobre la función estratégica de la vida silvestre para mantener en buen estado el funcionamiento de los ecosistemas naturales y la provisión de los bienes y servicios para la vida y productividad de la sociedad guatemalteca, la importancia de su protección y conservación promoviendo acciones responsables que contribuyan a prevenir y contrarrestar su cacería.
Guatemala es reconocido como uno de los países megadiversos en el mundo, al albergar una gran riqueza de especies, ecosistemas y recursos naturales.
Esta biodiversidad constituye un patrimonio natural invaluable y un elemento fundamental para el desarrollo sostenible, el bienestar humano y la identidad del país.
Cada especie cumple una función esencial dentro de los ecosistemas, por lo que proteger la fauna silvestre también significa proteger el agua, los bosques, la seguridad alimentaria y el futuro de las próximas generaciones.
La cacería, sin importar su forma, amenaza la vida silvestre y el equilibrio de los ecosistemas, el consumo ilegal, con fines de trofeo, tráfico o comercio ilegal: todas ponen en riesgo a especies que cumplen un rol vital en la naturaleza. Detrás de cada disparo hay un bosque que pierde vida y cada animal que desaparece rompe con el equilibrio que sostiene los ecosistemas y futuro de la población, además es importante hacer énfasis en que la cacería no solo mata, también genera sufrimiento, miedo y un impacto irreversible en la biodiversidad, ante ello no es necesario verlo para entender que es una práctica que debe detenerse.
La protección de la biodiversidad está estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible del país. La conservación de la fauna silvestre contribuye a mantener recursos naturales esenciales como el agua, los bosques, el equilibrio de los ecosistemas y la productividad económica del país.
Guatemala cuenta con la Estrategia Nacional contra el Tráfico Ilegal de Vida Silvestre (2020–2029), un instrumento de política pública orientado a prevenir, controlar y reducir las actividades ilícitas que afectan a la fauna y flora silvestres del país. Esta estrategia reconoce que el tráfico ilegal de vida silvestre es un fenómeno complejo, estrechamente vinculado a prácticas como la cacería furtiva, la tenencia ilegal y la comercialización no autorizada de especies y sus derivados.
En este marco, se establece como línea de acción prioritaria el desarrollo e implementación de campañas permanentes de comunicación y sensibilización, dirigidas a reducir la demanda y fortalecer el conocimiento ciudadano sobre la normativa vigente.
La cacería aunada a la alta presión sobre los ecosistemas naturales constituye una de las principales amenazas para la biodiversidad, al generar impactos directos sobre las poblaciones de fauna silvestre e impactos indirectos sobre los ecosistemas, alterando procesos ecológicos esenciales como la dispersión de semillas, las dinámicas tróficas y la regeneración natural de los hábitats.
En Guatemala, la cacería está regulada por la Ley General de Caza (Decreto No. 36-04), que permite únicamente un aprovechamiento sostenible, en función del estado de salud de las poblaciones silvestres.
El incumplimiento de estas disposiciones constituye delito, sancionado con penas de prisión de cinco a diez años y multas que oscilan entre Q10,000 y Q20,000, de acuerdo con la Ley de Áreas Protegidas 4-89. La ley también establece que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad colectiva, declarando la acción penal pública y promoviendo la participación ciudadana en la denuncia de estas prácticas.
A pesar de este marco normativo, la cacería persiste y mantiene un vínculo directo con el tráfico ilegal de vida silvestre, ya que muchos ejemplares cazados son destinados a circuitos de comercialización ilegal como carne, mascotas, trofeos o derivados. Esta dinámica incrementa la presión sobre las especies al introducir incentivos económicos que perpetúan la actividad.
Ante este contexto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), como ente rector en la materia, impulsa acciones integrales que combinan regulación, control, educación ambiental y participación comunitaria.
La campaña nacional contra la cacería furtiva se alinea directamente con los objetivos de la Estrategia Nacional, promoviendo un enfoque preventivo basado en la sensibilización, la educación ambiental y la reducción del apoyo social a estas prácticas. Al desincentivar la compra, el consumo y la comercialización de fauna silvestre, se busca debilitar los eslabones iniciales de la cadena del tráfico ilegal. Y se insta a la denuncia responsable.
Visitas: 24
