Entidades de prensa exigen preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento
En representación de las entidades de prensa del país y de la sociedad civil guatemalteca, se presentó una Acción Constitucional de Amparo ante una sala de Apelaciones, por considerar que a la fecha se pueda incurrir en vulnerar la Constitución con una ley ordinaria, y con ello el debido proceso y la libertad de
expresión, al perseguir judicialmente a periodistas y ciudadanos que hacen uso de ese derecho establecido en la carta magna, según lo manifestaron en un comunicado de prensa.
El abogado Estevan Celada, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una acción de amparo. Celada indicó: “entidades nacionales de prensa promovieron esta acción, en el contexto de la criminalización de periodistas que se están dando en el país, recientemente, el amparo está promovido en contra de dos autoridades. Una es el fiscal regional metropolitano y la otra es el juez décimo de Instancia Penal y no con el objeto de obstaculizar la acción penal y no con el objeto de obstaculizar la acción penal, sino con el objeto de que se respeten y que se cumplan con uno de los mandatos del Ministerio Público que es velar por el estricto cumplimiento de la ley. Y en el caso del Organismo Judicial el observar los estandares internacionales en materia de materia de libertad de expresión. Es preocupante que derechos fundamentales que no pueden ser coartados en ningún caso sin excepción alguna, estén sujetos a encarcelamiento y siendo sujetos de censura por el sistema de justicia del país y esperamos una resolución”.
Las entidades de prensa firmantes de esta acción (Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Asociación de Cronistas Deportivos, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y Red Rompe El Miedo Guatemala) .
En el comunicado emitido por las entidades de prensa se señala: “en el acto reclamado que prevalece la amenaza cierta y el riesgo inminente de que el Ministerio Público (MP), se aleje de los principios de objetividad, transgreda su mandato legal de velar por el estricto cumplimiento de la ley y que se violenten los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como la Libertad de Prensa”.
“La procedencia del amparo en este caso, se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado”, afirma el comunicado.
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