Empresas guatemaltecas deben prepararse por alza de combustibles a largo plazo
La inestabilidad en los mercados internacionales de energía se perfila como uno de los factores más críticos que el sector empresarial guatemalteco deberá incorporar en su planificación estratégica para los próximos meses, debido a su impacto directo en los fletes, la logística, los costos de producción y los precios al consumidor.
Esta presión responde fundamentalmente a las disrupciones en el suministro energético internacional provocadas por el conflicto en Medio Oriente. Datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) revelan que la producción mundial de petróleo experimentó un recorte de 1.6 millones de barriles diarios durante el mes de agosto, descendiendo hasta los 100.1 millones de barriles por día. Paralelamente, las exportaciones de productos refinados y gas licuado desde los países del Golfo se mantuvieron cerca de un 60% por debajo de las cifras registradas en febrero de este año, representando un déficit de aproximadamente 3.7 millones de barriles diarios.
La vulnerabilidad del mercado guatemalteco frente a estas turbulencias externas es especialmente elevada debido a que el país importa el 100% de los combustibles que utiliza en sus actividades productivas y de movilidad, según informes del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
De acuerdo con el seguimiento oficial efectuado por la cartera energética, entre enero y mediados de septiembre de 2026, el precio del diésel registró un incremento acumulado del 96.5%, mientras que los carburantes de gasolina superior y regular mostraron aumentos de 62.3% y 60.5% respectivamente. En un periodo de observación más reciente, entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre, los precios promedio en la modalidad de autoservicio en la zona metropolitana mostraron aumentos notables: la gasolina superior subió de Q40.58 a Q44.66 por galón; la regular pasó de Q38.64 a Q42.58; y el diésel se elevó de Q44.71 a Q49.36.
Ante la expiración del esquema de subsidio temporal el pasado 2 de julio, el Congreso de la República aprobó nuevas disposiciones legales orientadas a mitigar la presión inflacionaria sobre los hogares y el sector productivo.
El Decreto 21-2026, aprobado el 8 de septiembre, fijó techos máximos para los precios por galón de los combustibles. Posteriormente, el 22 de septiembre se emitió el Decreto 22-2026, el cual establece una exoneración temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las gasolinas y al diésel, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año. No obstante, los analistas recalcan que, al tratarse de medidas con fecha de vencimiento definida, las empresas deben proyectar sus flujos de trabajo considerando el escenario operativo posterior a la conclusión de estos incentivos fiscales.
“En períodos de alta incertidumbre, la ventaja no está necesariamente en predecir exactamente qué va a ocurrir, sino en estar preparado para distintos escenarios. Las empresas que entienden tempranamente cómo los cambios del entorno pueden afectar su operación, sus clientes y sus grupos de interés tienen mayor capacidad para tomar decisiones antes de que la coyuntura las tome por ellas”, afirmó Javier Medrano, director general de Bluepoint.
El encarecimiento de los carburantes tiene un efecto multiplicador en la economía nacional, afectando de manera transversal a cadenas de valor que van más allá del consumo directo de gasolina o diésel.
Según la firma consultora BluePoint, el comportamiento del diésel es de singular relevancia debido a su utilización intensiva en el transporte pesado, las redes de distribución comercial, el sector agrícola, la industria de la construcción y la logística general. De esta forma, incluso las unidades económicas con un requerimiento directo reducido de combustible enfrentan incrementos indirectos a través de las tarifas de fletes de proveedores, mayores costos en insumos importados y ajustes en la comercialización. En el plano macroeconómico regional, proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan que un escenario donde los precios del petróleo superen en un 25% los niveles de 2025 generarían un impacto negativo en la balanza comercial de Centroamérica, Haití y República Dominicana equivalente al -0.9% del PIB en 2026, derivado de la alta dependencia energética importada.
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