Desarticulan supuesta estructura que defraudó al Estado por más de mil millones de quetzales
En conferencia de prensa el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria, dieron a conocer los resultados de las investigaciones que llevaron a capturar a una banda de supuestos defraudadores tributarios en allanamientos realizados en los departamentos de Guatemala y Chiquimula.
Según Mayra Véliz, secretaria general del MP, dió a conocer que, División Cárnica y Abasto Cárnico, unidades de la empresa Desarrolladora Internacional trabajaban con productores, proveedores y transportistas quiénes les facilitaban carne para ser comercializada por Delicarnes,quién se encargaba de distribuirla a los puntos de venta y a los consumidores quienes pagaban el respectivo impuesto pero ese 12% nunca llegó a las arcas de la SAT.
Entre los capturados están: Erick Rodolfo Ayala Chávez, Atilano de la Cruz Barillas, Miriam Yecenia Barrios Barrios y Carlos Estuardo Estrada Cabrera, este último supuesto cabecilla de la estructura. Pendientes de captura: Milvia Lorena Lima Zepeda, Óscar Rubén Barrios Barrios, Mayra Lissette Letona Marroquín, Jorge Alberto Cabezas Goubaud y Adalberto Tomás Ortiz Mendoza.
Según el Superintendente, el 5 de mayo del 2015 la SAT hizo la denuncia, que al realizar la auditoría del período impositivo comprendido de enero a diciembre del 2012, la entidad Grupo Nefma S.A. se detectó 294 facturas para simular la compra de ganado en pie de cuatro proveedores de primera línea que presentaban inconsistencias, estas empresas son:
Transportes Logísticos S.A.
Agropecuaria Ganadera y Cafetalera Cabañas S.A.
Agropecuaria La Encantada S.A.
Agropecuaria Pasaía S.A.
El modus operandi de Estrada Cabrera era: crear un andamiaje para facilitar facturas a cambio de una comisión o retribución.
Requirió de servicios profesionales de cuatro abogadas, para constituir 170 empresas de cartón o de fachada.
Reclutaba personas de bajo perfil económico y les ofrecía ser los representantes legales con salarios de mil a mil 500 quetzales mensuales.
La estructura facturó aproximadamente en diez años 21 mil millones, defraudando al Estado por al menos mil millones de quetzales.
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