En Estados Unidos una orden presidencial busca restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense
En Estados Unidos se giró una orden presidencial que tiene como objetivo devolver la integridad del sistema financiero estadounidense.
La Casa Blanca, compartió la orden del Presidente, Donald Trump, que en su sección 3, hace alusión a la "Protección contra el fraude y el abuso”. Según se indica en 60 días, el Secretario del Tesoro “emitirá un Aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados a la explotación del sistema financiero de los Estados Unidos por poblaciones no autorizadas para el trabajo y sus empleadores. Este aviso describirá señales de alerta y tipologías específicas”.
Mediante la información emanada de la Casa Blanca se aseguró que: “las instituciones financieras estadounidenses desempeñan un papel fundamental en la protección del pueblo estadounidense frente al fraude y abuso financiero.”
Las disposiciones que entrarán en vigor son:
1. patrones probatorios de evasión de impuestos sobre nóminas por parte de empleadores o intermediarios laborales, incluyendo el incumplimiento sistemático de retener o remitir impuestos federales sobre empleo para personas no autorizadas para trabajar;
2. la utilización de ciertos documentos de identidad extranjera, cuentas de nominados, empresas pantalla o complejas estructuras de «embudo» diseñadas para ocultar la identidad de los propietarios beneficiarios finales u ocultar la verdadera naturaleza de los desembolsos de nómina;
3. el uso estratégico de empresas de servicios monetarios no registradas, procesadores de pagos terceros o plataformas peer-to-peer para facilitar pagos salariales «fuera de los libros» destinados a eludir los umbrales de reporte bajo la Ley de Secreto Bancario o las obligaciones fiscales; 4. patrones de retiradas o depósitos de efectivo repetitivos y subumbrales que se correlacionan con ciclos de nómina realizados fuera de los sistemas regulados de procesamiento de nóminas, también conocidos como «estructuración y micro estructuración»;
5. actividad financiera indicativa de trata de mano de obra o trabajo forzado (según se define en 18 U.S.C. 1589), cuando los ingresos se mezclan con ingresos legítimos de negocios o se transfieren a jurisdicciones extranjeras; y
6. el uso de un número de identificación fiscal individual (ITIN) para obtener productos de crédito o abrir cuentas de depósito cuando el solicitante carece de estatus migratorio legal verificado. Aunque un ITIN facilita el cumplimiento fiscal, su uso en lugar de un número de Seguridad Social o un visado válido autorizado para trabajo puede identificarse como un factor de riesgo que requiere una mayor diligencia debida para asegurar que la cuenta no se utilice para facilitar el empleo ilegal de extranjeros no autorizados.
Según se informó, la decisión de Trump tiene como propósito: “reducir los costes de prestar servicios financieros a los estadounidenses y disminuir las regulaciones federales innecesarias y gravosas que limitan el crecimiento económico y dificultan la competitividad de los proveedores de servicios financieros a nivel nacional. Sin embargo, desde hace tiempo es política de Estados Unidos adoptar medidas adaptadas para proteger nuestro sistema financiero del uso ilícito y promover préstamos seguros y sólidos y otras prácticas por parte de las instituciones financieras.”
Trump aseguró: “mi Administración no tolerará riesgos para la seguridad nacional ni la seguridad pública causados por actividades financieras ilícitas transfronterizas, ni permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y removible.”
Las transferencias transfronterizas de bajo valor se han utilizado para facilitar o cometer financiación del terrorismo, tráfico de narcóticos, trata de personas y otras actividades ilegales. Los análisis de tendencias financieras han descubierto centros de actividad financiera mortal relacionada con el fentanilo en Estados Unidos relacionada con cárteles con sede en México.
Se indicó que un análisis reciente de las redes chinas de blanqueo de dinero identificó cómo los titulares de pasaportes extranjeros han utilizado cuentas con sede en EEUU para facilitar el blanqueo de más de $312.000 millones para organizaciones criminales, destacando la trata de personas entre las actividades asociadas a las transferencias.
Son necesarios programas sólidos de identificación de clientes y medidas mejoradas de diligencia debida para mitigar estos riesgos.
Los bancos y otras instituciones financieras también deben estar atentos a los riesgos crediticios que supone la concesión de préstamos hipotecarios y de automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a la población extranjera inadmisible y removible.
Esta medida protege a los estadounidenses, pero sin duda tendrá repercusiones en países con alto nivel de remesas.
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