Allanamiento por supuesto caso de corrupción en el MIDES
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realizó un allanamiento en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), por un supuesto caso de corrupción denunciado por la Contraloría General de Cuentas, según se informó.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, durante la diligencia indicó: “en un nuevo caso de corrupción, la Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolló diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, con el objetivo de obtener indicios que fortalezcan la investigación. Según denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, quien practicó auditoría financiera y de cumplimiento para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, se descubrió que autoridades del Ministerio de Desarrollo Social falsificaron 50 hojas y folios, así como sello de la Contraloría General de Cuentas, y en las mismas se hicieron constar 28 compras de baja cuantía. Se estableció que en los documentos falsificados por las autoridades del Mides se fraccionaron actas administrativas y en las mismas se describen producto adquirido, monto y empresas que fueron favorecidas.
Al verse descubiertos, las autoridades del Mides presentaron las denuncias simulando luchar contra la corrupción, sin embargo, lejos de ser denunciantes, podrían ser sindicados”, concluyó.
Denuncias de la Contraloría General de Cuentas, éstas fueron compartidas en el informe presentado en mayo de 2025, ante el Congreso de la República de la actividad 2024.
En este caso, la denuncia fue “por: Suscripción de actas en hojas no autorizadas con sellos de la CGC simulando ser auténticos.
En contra de quien ocupaba el cargo de encargada de compra y eventos y subdirectora administrativa durante el periodo auditado”.
El MIDES durante conferencia de prensa, informó que “el 9 de enero de 2025, el MIDES interpuso una denuncia penal, tras detectar irregularidades en el registro de actas del Departamento de Compras de la Unidad Ejecutora, cometidas presuntamente por personal contratado en administraciones anteriores, quienes ya no laboran en la institución.
Posteriormente, la Contraloría General de Cuentas corroboró dichas irregularidades, confirmando la actuación anticipada, diligente y proactiva del ministerio.
La denuncia fue conocida por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que emitió las órdenes judiciales correspondientes.”
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