7 integrantes de la PNC aprehendidos por caso Choc Toz
En el marco del proceso de investigación relacionado con la muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, el Ministerio Público (MP) realizó una serie de diligencias judiciales enfocadas en la presunta colocación de un arma de fuego a dos ciudadanos guatemaltecos. De acuerdo con los indicios recabados durante las pesquisas, en estos hechos podrían haber participado agentes pertenecientes a la Policía Nacional Civil (PNC).
Como resultado directo de las actuaciones, las autoridades ejecutaron siete órdenes de aprehensión emitidas por un juez competente. Las capturas se hicieron efectivas en contra de Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D. A los señalados se les atribuye su presunta participación en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
Operativos de allanamiento en 11 inmuebles y sedes policiales
El despliegue operativo llevado a cabo por los órganos investigadores abarcó diversas intervenciones en distintos puntos del territorio nacional. Las actuaciones comprendieron allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencias en 11 inmuebles situados en diferentes departamentos del país.
Asimismo, las fuerzas de seguridad y fiscales extendieron los registros a sedes policiales, ejecutando inspecciones en la Comisaría 13 y en la sede del Distrito Central de la PNC. De acuerdo con la representación del Ministerio Público, tanto la presunta colocación del arma de fuego como las circunstancias que rodearon la muerte de ambas personas son objeto de investigación Este proceso tiene como finalidad esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades individuales de los implicados y fundamentar las acciones penales correspondientes ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Postura institucional del Ministerio Público ante eventuales obstaculizaciones
Frente a la vinculación de elementos policiales en el caso, el Ministerio Público fijó su postura sobre la conducción de la investigación penal, asegurando que actuará con determinación y sin distinción alguna. En esa línea, la institución enfatizó que ningún cargo, uniforme o posición jerárquica puede servir de escudo frente al desarrollo de una investigación.
De igual manera, el órgano fiscal advirtió que toda acción dirigida a alterar evidencia, encubrir responsabilidades u obstaculizar el esclarecimiento de los hechos será investigada. Cuando existan elementos probatorios que lo sustenten, dichas conductas darán lugar a las acciones penales correspondientes ante los tribunales.
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