SEGEPLAN presenta amparo preventivo por supuestas amenazas de criminalización y violación del debido proceso
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) presentó una acción constitucional de amparo en modalidad preventiva ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que buscaría “proteger sus funciones institucionales y garantizar el respeto al debido proceso, ante una amenaza real, cierta e inminente por parte del Ministerio Público (MP)”, según informaron.
La acción fue promovida por el Secretario de SEGEPLAN, Carlos Mendoza, luego de declaraciones del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, en conferencia de prensa el 3 de julio, “en la que insinuó que SEGEPLAN estaría obstaculizando la acción penal y anunció posibles allanamientos a las instalaciones de la Secretaría, pese a no existir requerimiento previo de información ni cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.”
La SEGEPLAN es parte denunciante en el caso conocido como “Red Q”, una investigación por corrupción relacionada con el gobierno anterior, que involucra a exfuncionarios, entre ellos Keila Gramajo y Melvin Quijivix.
La denuncia fue presentada el 5 de noviembre de 2024 en coordinación con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), y dio origen al expediente MP001-2024-58948, que fue abierto de oficio por el MP. Mendoza afirmó que “desde entonces, no se ha recibido ningún requerimiento ni avance sustantivo en la investigación.”
Quivijix, enfrenta proceso en el caso. La entidad afirma que a “pesar de esta inacción, el Fiscal Curruchiche ha sugerido que SEGEPLAN podría estar cometiendo el delito de obstaculización a la acción penal, insinuando incluso represalias como allanamientos sin justificación legal. Esto, sumado al historial documentado de criminalización de funcionarios públicos y abuso del proceso penal por parte del MP, motivó la presentación de este amparo.”
En el amparo presentado se solicita que proteja la integridad operativa y activos de información bajo custodia de la SEGEPLAN, para asegurar el correcto funcionamiento de una institución de la cual dependen muchos macroprocesos a nivel de Estado, como lo es el Sistema Nacional de Inversión Pública, cuya afectación redundaría en municipalidades, gobiernos departamentales, demás entidades públicas de inversión, pero sobre todo, en la población guatemalteca, quien es la beneficiaria final de dicho sistema.
Esta acción de amparo solicita a la CSJ que ordene al Ministerio Público según la SEGEPLAN:
• “Suspender cualquier acto que amenace a SEGEPLAN, incluyendo allanamientos sin cumplir el debido proceso.
• Apegarse a lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Penal, que exige el consentimiento previo y expreso para diligencias en oficinas públicas.
• Cumplir con la resolución judicial del 20 de febrero de 2025, que instruye la investigación a los exfuncionarios denunciados.
• Respetar los derechos constitucionales de la institución y de sus trabajadores”.
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