La CIDH presentó informe tras visita in loco, solicitada por el Ejecutivo
Tras visita in loco del 2024, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), presentó el informe que denominó “La Situación de los derechos humanos en Guatemala”.
La comisión estuvo en Guatemala del 22 al 26 de julio de 2024, durante este tiempo sostuvo una serie de reuniones con diferentes sectores, según informaron al concluir la visita.
Entre las reuniones sostenidas en el 2024 estaban:
• Gobierno
• Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
• Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
• Diputados del Congreso de la República
• Grupos sociales como 48 Cantones y grupos indígenas
• Sector empresarial
• Algunos medios de comunicación
• Activistas, operadores de justicia, defensores de DDHH, sindicatos
• Agencias de las Naciones Unidas
Al finalizar la visita de la comisión, manifestaron algunas recomendaciones preliminares.
Y este, 01 de diciembre de 2025, la CIDH presentó el informe tras la visita.
Es interesante que el informe de la CIDH se haya presentado en el marco de la instalación de la Comisión de Postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Cuyo proceso ha iniciado, con la elección de los comisionados por los entes colegiados que deberán integrar las nóminas de 20 candidatos, de donde se elegirá a 10, 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. El Pleno será el responsable de las Elecciones Generales del 2027. Según el informe de la CIDH, señala que “Guatemala enfrenta serias amenazas a la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho, debido al control de algunas instituciones estatales por parte de actores externos, políticos y económicos, articulados en torno a intereses que buscan perpetuar privilegios y asegurar la impunidad”.
El informe hace particular énfasis en la institucionalidad que según mencionan “pone en riesgo la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho. Esta deriva de un sistema de pesos y contrapesos seriamente deteriorado, como consecuencia del control de algunas instituciones estatales —entre ellas el Ministerio Público— por parte de actores externos, incluyendo políticos y económicos, articulados en torno a intereses que buscan perpetuar privilegios y asegurar la impunidad.”
La CIDH se enfoca en las acciones de la Fiscalía del Ministerio Público (MP), “respaldada por algunos operadores de justicia que pusieron en entredicho los resultados de las elecciones generales de 2023 y que continúan intentando socavar el mandato democrático y la legitimidad del gobierno”.
El informe también hace referencia al Congreso de la República y la supuesta “connivencia de los poderes Legislativo y Judicial orientado a restringir la autoridad del Poder Ejecutivo y mantener el statu quo. Esta situación se refleja en el Congreso de la República, donde ciertos grupos se resisten a romper con lo que en Guatemala identifican como el “pacto de corruptos” y avanzar en una agenda política basada en los principios democráticos y en el respeto a los derechos humanos.”
Las conclusiones que se presentan en el informe mencionan:
1. Preocupación por la manipulación del sistema de justicia.
2. La CIDH señala al MP porque según indica se apartó de su mandata Constitucional y legal.
3. La entidad indicó que constató que “la criminalización se consolidó como una práctica generalizada en Guateemala”.
4. La CIDH afirma acerca de la supuesta instrumentalización del derecho penal que ha sido posible por la “connivencia de intereses particulares” con el MP y Poder Judicial.
5. Impunidad estructural “por casos de corrupción a gran escala y por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno”.
6. Desafíos para combatir la pobreza y desigualdad.
7. Según la CIDH los “pueblos indígenas viven en condiciones extremadamente desfavorables”.
8. Exclusión comunicacional que enfrentan legalmente “las radios comunitarias indígenas”.
9. Avances institucionales para la protección de las personas defensoras de DDHH.
10. Desigualdad y exclusión de afrodescendientes, mujeres, LGBTI, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, discapacitados entre otros grupos.
11. CIDH urge reformas al sistema de justicia. Y urge a todos los poderes del Estado a cumplir con los compromisos internacionales.
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