El MARN afirma que acatará orden de la CC y buscará seguir trabajando con municipalidades
Luego que trascendiera la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) con relación al Acuerdo Gubernativo 164-2021, Reglamento de manejo integral de residuos y desechos sólidos comunes y que fuera declarado inconstitucional tras una acción presentada por el diputado de VAMOS, Ronald Portillo.
La ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, indicó que continuarán analizando la resolución para determinar cómo poder continuar trabajando con las municipalidades a nivel nacional. Porque tienen capacidades sancionatorias, pero no solo eso quieren hacen.
Durante conferencia de prensa, Orantes afirmó que: “los gobiernos dicen que no tienen recursos y no tienen conocimientos técnicos”, según Orantes, han realizado capacitación técnica.
Además, gestionaron Q3,000 millones para que las municipalidades puedan invertir en los proyectos municipales.
Orantes, afirmó que 30 empresas europeas ambientalmente responsables, saneamiento y manejo de desechos visitaron Guatemala.
Hizo énfasis en los:
• 220 vertederos mal manejados, por las comunas.
• 2,000 botaderos clandestinos que las municipalidades tienen la obligación de cerrar.
“haber declarado inconstitucional este reglamento de desechos va a tener serias consecuencias sobre la salud de nuestras aguas, de los ríos, de los lagos, de nuestras costas. Va a aumentar aún más la contaminación de barrancos, de calles de carreteras de paisajes, va a elevar enormemente la impunidad ambiental y claramente va a poner en riesgo la salud de los guatemaltecos”, afirmó Orantes.
El MARN acata la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La funcionaria también arremetió contra el sector privado para que adopten el principio de responsabilidad extensiva del productor, con sus empaques para reducir la basura.
En el Congreso de la República, el diputado de VAMOS, Ronald Portillo indicó que los recolectores pidieron su ayuda, luego que fueran afectados por las “acciones del Gobierno de Guatemala”.
En febrero de este año, hubo complicaciones que llevaron a los recolectores a realizar bloqueos en la ciudad de Guatemala como rechazo a la medida implementada.
"Hemos visto que hasta el mismo Gobierno se ha visto atrasado en los trámites por el fanatismo que existe por parte del Ministerio de Ambiente en crear burocracia y trámites que no responden a su función, que es la rectoría en el tema ambiental y la protección del medioambiente", afirmó el diputado de VAMOS, Ronald Portillo.
La parte resolutiva de la inconstitucionalidad indica que el contenido en estos acuerdos “interviene directamente en la organización y prestación del servicio municipal de residuos, materia atribuida constitucional y legalmente a los municipios en sus respectivas jurisdicciones. Al hacerlo, el Organismo Ejecutivo excede sus competencias formales, invade competencias legislativas del Congreso de la República y vulnera la autonomía municipal, sin utilizar mecanismos de coordinación o fortalecimiento municipal que fueran menos lesivos”.
El MARN ha sido fuertemente criticado en los últimos meses, por supuestos contratos que benefician a personas individuales directas en negocios vinculados a ambiente y recursos naturales.
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