El desafío del Directorio de Competencia es la elección del primer superintendente
La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), realizó el Conversatorio de la Superintendencia de Competencia, al cual asistieron los tres directores titulares y los tres directores suplentes.
Los empresarios de la CGAB informaron además que esta industria representa el 6.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 16.7% de exportaciones.
En la actividad, se indicó, además, que las empresas regionales o globales tienen conocimiento de la ley de competencia en otros países, por lo que les será más fácil adaptarse, sin embargo, a las empresas locales se les debe capacitar.
Durante la reunión, los directores compartieron acerca de la importancia de trabajar de cerca con el sector privado y tener data que les permita conocer sus necesidades.
El director suplemente, Luis Velásquez, afirmó que una de las acciones que impulsarán es la promoción de la denuncia. “Creo que una de las falencias de la ley actual es el que, por la forma en la que está redactada cuando un denunciante lo lee, se puede desincentivar, porque hay una multa para aquellas denuncias que sean falsas”.
González también se refirió a lo relativo “a la investigación de mercados, que es otra parte de la investigación que es muy relevante, es para conocer el funcionamiento. Porque también la toma de decisiones, basada en evidencia, implica conocer a profundidad cómo se mueve el mercado, cómo funcionan los actores, y no sólo a nivel nacional, sino a nivel territorial”.
El director Jorge González, electo por el Congreso de la República afirmó que la Ley de Competencia, cuenta con un período de tiempo para cobrar vigencia plena, más que nada la parte investigativa y de la parte sancionatoria.
González mencionó que es importante que que, “volteemos a ver algo a lo interno, veamos y analicemos esas prácticas que probablemente estemos realizando. Yo les digo probablemente porque yo no sé cómo funcionan ustedes. O sea, al final del día, realmente cada uno tenemos que voltear a ver en qué estamos cometiendo ciertos errores que tal vez son prácticas que se han dado por costumbre, pero que tenemos que voltear a ver y, pues, identificarlas.”
Según el director, la Superintendencia de Competencia “no busca ser un ente de persecución, no busca ser un ente que los esté amenazando, extorsionando, etc. De hecho, por eso nosotros queremos hacer una entidad lo suficientemente técnica y buena para evitar que nos veamos influenciados de una forma política por gente que quiera venir a intervenir. De hecho, la misma elección de este directorio, de hecho, en su naturaleza, va a cambiar un director titular y suplente cada dos años.”
Y es que el Directorio cambiará de la siguiente forma:
• Los que fueran nombrados por la Junta Monetaria durarán un periodo de dos años,
• Los nombrados por el Ejecutivo un periodo de cuatro años y
• El Congreso de la República un periodo de seis años
Y los directores pueden ser reelectos por un período más únicamente.
El presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Bauer Herbruger, informó que a partir de integrado el directorio tienen 120 días como máximo para la designación del primer Superintendente de Competencia.
En el 2025, la ley establece Q20 millones de presupuesto, “pero al ser una entidad autónoma, en caso de una ejecución por los retrasos que se han dado, esos 20 millones pasan a caja y pueden ejecutarse a futuro.”
Bauer indicó que, a finales de diciembre de 2025, deberá estar designada la autoridad de competencia.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta como Directorio de Superintendencia de Competencia, es el hecho de “comunicar a la población las expectativas reales que se tienen por parte de la superintendencia en cuanto a los beneficios que trae este tipo de leyes. Va a ser, paulatino, gradual, la forma en que van a irse recibiendo esos beneficios de precios más competitivos, más calidad y más innovación en la medida en que los agentes económicos comiencen a desaprender esas conductas, a evitar incurrir en prácticas anticompetitivas al momento en que esté vigente esa parte sancionatoria de la ley y que podamos empezar a proponer a las autoridades públicas propuestas para eliminar barreras que hacen difícil competir en Guatemala.”
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