Concluyó visita de la Misión Especial de la OEA que observará elecciones 2026
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que fue invitada por el gobierno de Guatemala para observar las elecciones 2026, concluyó su primera visita al país.
Durante su visita se reunió con autoridades de los tres poderes públicos del Estado, la Corte de Constitucionalidad (CC), la Universidad de San Carlos (USAC) y universidades privadas, estudiantes, Colegio de Abogados y Notarios, organizaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas, sector privado, medios de comunicación (aunque se desconoce con qué medios de comunicación, pues no lo indican, como si indican a otros actores) y comunidad internacional.
En todas estas interlocuciones se destacó la centralidad de los procesos de elecciones de segundo grado que tendrán lugar en 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) para la vigencia del Estado de derecho, la independencia judicial, la democracia, la lucha contra la corrupción y la confianza de la ciudadanía guatemalteca en sus instituciones.
La Misión subraya la importancia de que los procesos de selección y designación de autoridades se realicen respetando estrictamente los plazos establecidos en la Constitución y la legislación guatemalteca, y hace un llamado a todos los órganos responsables, incluidos el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la CC, las comisiones de postulación, el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y las universidades, a conducir los procesos con la debida planificación, evitando acciones que puedan afectar la renovación oportuna de las instituciones y generar incertidumbre sobre la continuidad del orden constitucional. La Misión alienta a todas las entidades que deben elegir integrantes para las comisiones de postulación, así como a los entes electores, a hacerlo con criterios de idoneidad, independencia e integridad, pues de ello depende la posibilidad de seleccionar a autoridades con méritos profesionales, independencia, trayectoria ética y compromiso con el interés público.
La Misión destaca a la USAC y tomó nota de la responsabilidad que tiene para contribuir a fortalecer el Estado de derecho y la democracia, así como de las preocupaciones expresadas por diversos sectores por “la situación actual de su Consejo Superior Universitario, el vencimiento de la vigencia de varios de los mandatos de sus órganos de dirección y el clima interno para el ejercicio de la libertad académica y la participación estudiantil.”
La Misión subraya la importancia de que, la USAC “cumpla prontamente con la regularización y renovación del Consejo Superior Universitario conforme a la Constitución, la ley y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de manera que su intervención goce de legitimidad ante la comunidad universitaria y la sociedad guatemalteca.”
De igual importancia son los mecanismos que las comisiones utilizarán para evaluar a los candidatos, incluyendo la tabla de gradación, la cual de manera responsable debe evaluar la idoneidad y honorabilidad de los aplicantes.
A partir de los insumos recogidos, la Misión considera esencial que cada etapa de los procesos de elección se rija por procedimientos claros, públicos, transparentes, verificables y orientados a identificar y seleccionar a las personas más idóneas, capaces, honradas y honorables público. A partir de los insumos recogidos, la Misión considera esencial que cada etapa de los procesos de elección se rija por procedimientos claros, públicos, transparentes, verificables y orientados a identificar y seleccionar a las personas más idóneas, capaces, honradas y honorables.
La Misión resalta la importancia de la participación libre de candidatos para que sean escogidos los mejores. Un mensaje reiterado a la Misión fue el temor –por parte de candidatas y candidatos potenciales, integrantes de comisiones de postulación, abogados, académicos, defensores de derechos humanos y otros actores clave– de ser objeto de criminalización, campañas de difamación, acoso judicial o ataques en redes sociales como consecuencia de su participación en estos procesos.
Se señaló, además, la apatía y el descreimiento de algunos sectores que perciben que “hacer bien las cosas” puede implicar altos costos personales, incluyendo la posibilidad de exilio o persecución.
La Misión hace llamado “a todas las instituciones del Estado, en particular al Ministerio Publico (MP), a no hacer un uso indebido del derecho penal, acciones disciplinarias o administrativas y campañas de estigmatización como herramientas para inhibir la participación o castigar decisiones adoptadas con independencia.”
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