CACIF y Cámara de Industria interponen acciones ante la CC para fortalecer certeza jurídica y Estado de Derecho
Como parte de las acciones interpuestas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del sector privado en Guatemala, la máxima corte otorgó un amparo provisional por el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Energía y Minas (MEM) 145-2026 que ordenaba una consulta popular al pueblo maya ixil por el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo que opera desde hace 14 años en San Juan Cotzal, Quiché.
Durante meses, estuvo la discusión por este acuerdo, que según fuentes internas del MEM, el mismo departamento jurídico improbó la medida.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), presentaron inconstitucionalidades al acuerdo, considerando que debilita la certeza jurídica y el desarrollo económico del país.
El CACIF y la CIG emitieron el pronunciamiento:
“1. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF- y la Cámara de Industria de Guatemala informan que han interpuesto acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad contra el Acuerdo 145-2026 emitido por el Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual se establecen las pautas para la realización de la consulta al Pueblo Maya Ixil de San Juan Cotzal, Quiché, relacionada con el Proyecto Hidroeléctrico Palo Viejo.
2. Las acciones fueron promovidas al estimar que, al emitir dicho acuerdo, el Ministerio excedió el marco de su competencia, desconociendo actuaciones administrativas, institucionales, acuerdos previamente desarrollados y el mismo Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Lo anterior, vulneró principios esenciales del orden constitucional, entre ellos la legalidad, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica.
3. La interposición de las acciones de inconstitucionalidad tiene por objeto que dicha reglamentación quede sin vigencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a fin de restablecer el orden constitucional y evitar futuras afectaciones a proyectos de inversión y desarrollo que benefician al país.
4. CACIF y la Cámara de Industria de Guatemala manifiestan su respeto por los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala, así como por los derechos que se derivan de los mismos. No obstante, dichos compromisos deben cumplirse en armonía con la Constitución Política de la República y el marco jurídico vigente, de manera que su implementación fortalezca el Estado de derecho, garantice la plena vigencia de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y preserve la seguridad jurídica.
5.Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad, el respeto al Estado de derecho y la utilización de los mecanismos constitucionales para promover la certeza jurídica, la confianza en las instituciones y el desarrollo sostenible de Guatemala. “
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