En Alta Verapaz, autoridades dialogan con comunidades por la instalación de un Puesto de Control Interinstitucional
| Autoridades mantienen presencia preventiva en el kilómetro 366.7, jurisdicción de Chahal, Alta Verapaz, donde aproximadamente 1000 personas participan en una manifestación para expresar su rechazo a la instalación de un Puesto de Control Interinstitucional (PCI). La protesta está integrada principalmente por líderes comunitarios, así como mujeres, niños y adultos mayores. |
Durante la jornada, autoridades gubernamentales, municipales y delegados de derechos humanos facilitaron un espacio de diálogo en el que la población entregó formalmente sus peticiones mediante un acta. Como resultado del acercamiento, los manifestantes liberaron el paso sobre la Franja Transversal del Norte.
¿Qué es un PCI y por qué beneficia a la población?
Los Puestos de Control Interinstitucional -PCI- son puntos estratégicos donde diferentes instituciones del Estado trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad, el control del territorio y el cumplimiento de la ley.
En ellos participan la Superintendencia de Administración Tributaria, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, entre otras entidades, con el propósito de combatir el contrabando, el tráfico de mercancías ilícitas, el lavado de dinero y otros delitos que afectan al país.
Estos controles buscan proteger la economía nacional, garantizar una competencia comercial justa, prevenir el ingreso de productos ilegales o que representen riesgos para la salud y fortalecer la seguridad de las comunidades.
Postura institucional del Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Administración Tributaria El Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Administración Tributaria reiteran su respeto al derecho constitucional de manifestación y reconocen la importancia del diálogo como la vía para atender las inquietudes de las comunidades. Los Puestos de Control Interinstitucional no tienen como finalidad afectar la movilidad, el comercio local ni las actividades productivas de la población.
Su propósito es proteger a los guatemaltecos mediante acciones dirigidas a frenar las redes de contrabando y otras estructuras ilícitas que generan competencia desleal, afectan la economía, facilitan otras modalidades del crimen organizado y debilitan la seguridad del país.
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