La Agencia S&P elevó la calificación crediticia de Guatemala de BB a BB+
El Ministerio de Finanzas (MINFIN), informó que la calificadora S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Guatemala de “BB” a “BB+”, con perspectiva estable. Según el comunicado de la cartera del Tesoro, esta mejora sitúa al país a un solo escalón del “grado de inversión”, lo que indica que invertir en Guatemala representa un menor riesgo de pérdidas.
El Ministerio de Economía se refirió a la Calificación Crediticia de Guatemala otorgada por la Agencia Internacional S&P Global Ratings, subiendo de BB a BB+ con perspectiva estable. Esto aproxima a Guatemala aun mas a alcanzar el grado de inversión, siendo esta una categoría reservada para las economías con bajo riesgo y mayor solidez financiera.
Entre los factores que S&P tomó en cuenta para esta decisión se destacan:
- El bajo nivel de deuda pública, uno de los más bajos de América Latina.
- Una política monetaria eficaz, que ha contribuido a la estabilidad de precios.
- Un sólido perfil externo, es decir, una buena posición frente a la economía internacional.
Avances institucionales importantes en el último año, como el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, el impulso a la inversión en infraestructura crítica y la mejora en la gestión de los recursos públicos.
Esta mejora en la calificación crediticia refuerza la confianza internacional y posiciona a Guatemala como un destino más atractivo para la inversión extranjera directa (IED).
Esto debido al ofrecer un entorno económico más estable y de riesgo menor, incrementando el interés de empresas globales interesadas en establecerse en el país, promoviendo así la llegada de capital, la creación de empleos, la transferencia de tecnología y el aumento de exportaciones, generando un impacto positivo y sostenible en la economía nacional.
Este reconocimiento es un gran avance en el camino de Guatemala hacia una economía más competitiva e integrada al mundo, y reafirma el compromiso del Gobierno de seguir aplicando políticas fiscales y monetarias responsables, así como continuar impulsando reformas institucionales que fortalezcan la transparencia, la estabilidad y el desarrollo sostenible.
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